Los funcionarios civiles de la Dirección General de Aeronáutica reflotaron una antigua demanda: volver al sistema previsional de las FF.AA., Capredena.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) vive un silencioso conflicto entre sus funcionarios que, de escalar, podría poner en jaque todo el tránsito aéreo comercial chileno.

Esta unidad, dependiente de la Comandancia en Jefe de la FACh, es la encargada de dirigir el tránsito de las aeronaves comerciales y prevenir colisiones en las áreas de maniobras. Sus más de 3 mil trabajadores se encuentran entre los mejor pagados del aparato estatal y, entre otras tareas, tienen la responsabilidad de operar las torres de control, las zonas de aproximación y los radares.

¿Cuál es el problema? Que dentro de este universo de funcionarios, teóricamente privilegiados -tanto por sus salarios como por sus niveles de calificación profesional-, conviven dos mundos con condiciones laborales diametralmente opuestas: los que cotizan en las AFP y los que lo hacen en el sistema previsional de las FF.AA. (Capredena).

Los primeros -unos 2.485 trabajadores- tienen la misma escala salarial que los militares, pero desde 1985 cotizan en el sistema de capitalización individual. Los segundos, en cambio, se mantienen en Capredena (unos 720 funcionarios, entre civiles antiguos y militares en retiro recontratados por la DGAC), lo que les permite obtener mejores pensiones y beneficios.

Por ejemplo, un oficial recontratado con grado 5 y que gana en torno a dos millones mensuales, jubila con una pensión cercana a $1,4 millones, mientras que un civil con grado 4 en la escala administrativa (más alto) jubila con sólo $669 mil mensuales.

Esta diferencia ha sido motivo de múltiples movilizaciones por parte de los funcionarios, entre otras, la paralización de 2009 que generó una situación caótica en los aeropuertos del país.

Hace unas semanas, el conflicto volvió a tomar fuerza. Los trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios de la DGAC y los diputados Carolina Goic, Sergio Ojeda y Fernando Meza se reunieron con el ministro de Defensa, Andrés Allamand, para pedirle que el Gobierno patrocine un acuerdo parlamentario que propone devolver a estos trabajadores al sistema Capredena.

«El ministro sólo nos contestó que nuestra demanda es políticamente incorrecta y, socialmente, de gran impacto. Nosotros ya hicimos el ejercicio de paralizar el año 2009, estuvimos dos horas y eso colapsó la red aeroportuaria. Hicimos un debate la semana pasada, con 52 dirigentes de todos los aeropuertos de país y tenemos plazos, de aquí a agosto, con acciones ascendentes», explicó el presidente de los funcionarios de la DGAC, José Pérez.

En el Ministerio de Defensa comentan que este es un conflicto de larga data y, además, heredado: «Se tenía conocimiento del tema. Tiene un alto costo fiscal y estamos explorando caminos para llegar a buen puerto».

Los flujos estimados para resolver este problema son de UF5,2 millones. De esa suma total, los trabajadores -dice Pérez- podrían aportar UF756 mil que están en los fondos de las AFP.

El secretario general de la DGAC, Pablo Ortega, confirmó que el daño previsional de los funcionarios civiles ha sido representado a las autoridades de gobierno desde 1993, resultando -en definitiva- que el Ministerio de Defensa constituyó en el año 2008 una mesa de trabajo para analizar propuestas, concluyendo en dos proyectos de ley que no prosperaron.

«El director general conformó un grupo de trabajo al cual fue invitada la Asociación de Funcionarios, que se encuentra abocado a la búsqueda de soluciones para ser presentadas al nivel superior», afirmó Ortega.

Conflicto heredado
En 1985, los funcionarios de la DGAC pasaron al sistema de capitalización individual, pero conservaron la misma escala salarial del mundo castrense.

El problema surge porque no todos los ingresos mensuales de estos empleados son considerados imponibles en el nuevo sistema y, por lo tanto, al momento de jubilar acceden, en algunos casos, a pensiones que equivalen al 30% de lo que ganaban cuando estaban en actividad.

Un profesional de primera línea -caso real- obtiene ingresos totales de $1.966.230. De ese monto, sólo $1.079.976 son considerados imponibles y el resto corresponde a asignaciones que no se cuentan a la hora de cotizar en la AFP. Con esto, el profesional citado jubila, tras 20 años, con una pensión de sólo $485 mil. Hasta mediados de los 90, esta misma situación afectaba a 160 mil trabajadores fiscales, pero fue corregida vía aumentos en las tasas de cotización.

Fuente: El Mercurio