«El Estado debe tener trabajadores que sean evaluados en base al mérito y no en base a variables políticas».

El número de personas a contrata o a honorarios llega a 160.711 y los de planta a 84.398:
Trabajadores públicos con contrato a plazo fijo o boleta duplican a los de planta

Solo un tercio de quienes prestan servicios en el Estado tienen un contrato indefinido. La ley exige que no pueden ser menos del 80%.
Los empleados públicos, municipales y profesores fueron mayoría en la movilización de este jueves convocada por la CUT. Las banderas de la ANEF y de los distintos servicios del Estado de nuevo predominaron por sobre las rojas del PC y las de algunos sindicatos del mundo privado, como la Confederación de Trabajadores del Cobre. De no ser por la alta presencia de los estudiantes que se plegaron a la marcha, esta podría haber sido una más de las decenas de movilizaciones protagonizadas por los empleados del Estado.
«El 90% de los empleados públicos paralizamos en el país. En La Serena, la paralización fue de 97% y en Atacama, 95%», señaló el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, sentado en la testera que se montó en la sede de la CUT para que los máximos dirigentes sindicales hicieran el balance de esa jornada de protesta. De pasada, recordó que durante la administración del Presidente Piñera se ha desvinculado a 11 mil trabajadores del Estado.

 
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, también se cuadró con los funcionarios públicos e instó a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre una nueva carrera funcionaria y un estatuto administrativo que garantice estabilidad laboral.

 
A diferencia de lo que se podría presumir, trabajar en el Estado ya no es garantía de estabilidad. Así al menos lo muestran las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres): durante la última década, el número de empleados de planta disminuyó 7%, pasando de 90.696 funcionarios en 2004 a 84.398 en 2013. El número de trabajadores a contrata (contratos a plazo fijo) y a honorarios se duplicó en este mismo período. Si hace una década había 80.129 personas trabajando en el servicio público a contrata o con boletas, en marzo de este año ambos suman más de 160 mil; es decir, han registrado un aumento del 100%.
Baja comenzó con los incentivos al retiro
El Estatuto Administrativo determina que al menos el 80% de las personas que trabajan en la administración pública deben pertenecer a la planta, situación que pone al Estado en abierto incumplimiento de sus obligaciones laborales, dice De la Puente.
«Hay una serie de situaciones de incumplimiento laboral sobre las cuales la Contraloría no se ha pronunciado. El contralor le ha hecho el quite a este tema», señala el dirigente.
Fuentes de gobierno reconocen que los cargos de planta vienen a la baja, pero advierten que este fenómeno comenzó a profundizarse desde 2000 en adelante, cuando se hizo evidente que la alta inamovilidad de los trabajadores estatales no era compatible con un Estado que requería modernizarse. «En general, ningún sector está de acuerdo con la actual modalidad de empleo en el Estado, pero nadie se ha atrevido a abordar una reforma por el alto costo político que implica».
Además, esas mismas fuentes señalan que la planta ha disminuido, en parte, porque muchos funcionarios han jubilado a través de incentivos al retiro. En 2003 y 2006, de hecho, se publicaron leyes que establecieron la entrega de bonos especiales para el personal que se retirara voluntariamente de la administración pública.
¿Hay un incumplimiento de la ley por parte del Estado al tener a la mayoría de sus trabajadores (66%) sin contrato indefinido? La respuesta no es categórica. Para el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte, lo que hace el Estado es dictar leyes transitorias que permiten aumentar cada año el ítem de trabajadores a contrata. Donde sí hay incumplimiento, señala, es en el caso de los trabajadores a honorarios, los que deberían prestar servicios solo por proyectos o tareas puntuales y, en ningún caso, eternizarse bajo ese régimen. Hoy son más de 30 mil.
Reforma del Estado sigue pendiente.
Para la investigadora de Libertad y Desarrollo Cecilia Cifuentes, lo que explica el aumento de trabajadores sin contrato indefinido en la administración pública es la excesiva rigidez del Estatuto Administrativo: «Es claro que esta situación no es deseable, pero muchas veces el Estado ha planteado la idea de pasar a la planta de funcionarios a los trabajadores que están a contrata, pero aplicándoles el Código del Trabajo, tal como ocurre con todos los trabajadores del mundo privado e incluso de las empresas estatales. ¿Qué ha pasado? Que la ANEF no ha estado de acuerdo», señala.

 
«Parece increíble que el propio Estado no cumpla -agrega Cifuentes-, pero el tema de fondo es que ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato, porque no están dispuestos a asumir el costo político. La verdadera reforma del Estado es modificar el Estatuto Administrativo».
Para De la Puente, en cambio, aplicar el Código del Trabajo en los servicios públicos convertiría a los trabajadores en parte del botín de los gobiernos de turno: «No solo estoy hablando de la derecha, sino de cualquier gobierno. El Estado debe tener trabajadores permanentes y que sean evaluados en base al mérito y la probidad y no en base a variables políticas», señala.

Fuente: El Mercurio