Habla Héctor Rodríguez, abogado querellante en la causa previsional de la ANFDGAC:

“La teoría del Contralor Bermúdez es arriesgada porque rompe con los principios básicos de un estado de derecho”

El 04 de enero el Tribunal Constitucional acogió la solicitud presentada por el Contralor General, Jorge Bermúdez, de poner en cuestionamiento el fallo favorable a la ANFDGAC en materia previsional, que había sido determinado por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde 1.300 funcionarios de la DGAC volverían a integrar Capredena. El Contralor presentó su requerimiento de anular el fallo aduciendo que los Tribunales de Justicia no eran competentes para decidir sobre este tema. Esto implicó que se iniciará en el Senado, puntualmente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento una “contienda de competencia” donde hoy se analiza si es la justicia, o el Estado el que debe hacerse cargo de determinar el futuro previsional de los funcionarios aeronáuticos. En esta entrevista el abogado Rodríguez, explica en detalle todo lo referido al proceso de la contienda de competencia a cargo de la Comisión, que esta semana deberá concluir el informe que será votado próximamente en el Senado.  

Por Área de Comunicaciones

Recordemos como llegamos a esta etapa de la gestión judicial que tú encabezas: la contienda de competencia.

Nosotros en este juicio nos encontramos con un fallo de la Corte de Apelaciones favorable y el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación en el fondo para tratar de anular la sentencia en segunda instancia. En paralelo, el Contralor trató de intervenir en tres ocasiones en el juicio en las distintas instancias y los tribunales rechazaron su comparecencia frente a esa decisión. Lo que el Contralor decidió fue utilizar una facultad del Senado de resolver contienda de competencia cuando existen Tribunales de Justicia reclamando la misma competencia y desde entonces nos encontramos en el Senado.

¿Quiénes han expuesto hasta ahora?

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento empezó a tomar conocimiento durante los primeros días de enero. Ha expuesto el Contralor, Jorge Bermúdez, ha expuesto el Presidente Subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, nosotros como parte, el Consejo de Defensa del Estado, ex presidente Juan Ignacio Piña, y algunos abogados y entendemos que la comisión debería estar resolviendo en un par de días más.

¿Cómo evalúas tú hasta ahora el debate que se ha dado al interior de la contienda?

Es difícil anticipar decisiones y uno no puede saber lo que está pensando la Comisión. Formalmente, la Comisión genera un informe y este informe es aprobado y rechazado por el Senado y en ese sentido, resuelve la contienda de competencia. Ahora se trata de un tema, sumamente, complejo y las opiniones de los que hemos expuesto son, diametralmente, opuestas. No hay ningún punto de armonía entre lo que hemos expuesto: nosotros, el Presidente de la Suprema, el Contralor. Existen distintas miradas. Entonces, es difícil saber lo que la Comisión va a recomendar.

Dentro de las exposiciones una de las que más llamó la atención desde la perspectiva sindical  fue la del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, sobre todo por los puntos que mencionó  respecto del acceso a la justicia. Hizo referencia a que el interés del dinero no puede confabularse para expropiarles a los ciudadanos el derecho al pronunciamiento de tribunales y también se refirió a la necesidad de generar un ejercicio más horizontal y ciudadano de la autoridad. ¿Qué te pareció a ti la exposición de Muñoz?

A ver, desde un punto de vista de análisis de la forma de exponer, me pareció una muy buena exposición. Me pareció muy contundente respecto de su argumento, tuvo una buena forma de expresarlo. Desde ahí yo colijo cosas que son importantes: primero, que la Corte Suprema tomó posición dentro de esta contienda de competencia, porque hay que vislumbrar que la Corte Suprema tiene todo el derecho de tomar una posición neutra. Y en este caso, la Suprema tomó posición y está reclamando su competencia, lo cual es distinto a lo que hizo el Consejo de Defensa del Estado y tal vez es también distinto a lo que hizo el Tribunal Constitucional que, simplemente, contesto y no se hizo cargo del asunto. En cambio, la Corte Suprema tomó posición. Y aquello fue a raíz de dos plenos que hizo la Corte Suprema anteriormente, por tanto, las palabras de Sergio Muñoz representan al alto tribunal, de modo que la Corte Suprema toma posición y solicita al Senado que falle a favor de los Tribunales de Justicia. Por lo tanto, hay cierto estrés entre las autoridades mientras que el Contralor está solicitando ciertas cosas, la cabeza del poder judicial está solicitando otras y lo debe resolver el Senado. De modo que esta contienda genera una situación donde se extreman las facultades de todas las autoridades.

Algo que mencionaste en tu alocución fue el temor que puede llegar a provocar que las decisiones de los tribunales sean revocadas por cualquier organismo estatal que responda a otros intereses como en este caso, económicos. Dentro de esa lógica, habría que hacer hincapié en que la situación judicial que hoy enfrenta la ANFDGAC trasciende el tema puntual del traspaso a Capredena y se conecta, directamente, con la discusión previsional a nivel país y otros puntos de debate actual, como son las trasgresiones a derechos universales como es, en este caso, el referido al acceso igualitario a la justicia.

En un estado de derecho, en un país civilizado se le encarga al poder determinadas funciones y al poder judicial se le encarga resolver las contiendas que tienen relación con los particulares, como de los particulares con el Estado y, por lo tanto, ese es un pilar fundamental de nuestro sistema. Y los tribunales se pueden equivocar.  De hecho, probablemente, los tribunales se equivocan con más  porcentaje del que uno quisiera, pero la división de los poderes implica que ellos son los únicos que pueden resolverlo bien o mal, y no hay ninguna autoridad sobre eso. Es básico en un estado de derecho que nosotros confiemos en nuestros tribunales. Ese fue el grito de desesperación que nosotros planteamos y, por lo tanto, la teoría del Contralor yo la considero muy arriesgada. Él está señalando que habría ciertas entidades públicas que no están sometidas a los Tribunales de Justicia y eso rompe los principios básicos del estado de derecho. De modo que un caso como el nuestro, obviamente, hoy día genera jurisprudencia y genera también una calificación de qué estado derecho queremos ser.

Ahora bien, en lo concreto el Contralor solicita que se anule el fallo de la Corte de Apelaciones que es favorable a la ANFDGAC.  

Lo que dijo el Presidente de la Corte Suprema es que el fallo de la Corte de Apelaciones es inamovible por otras autoridades, fundándose en el artículo 76 de la Constitución y, por lo tanto, el Senado no podría modificarlo, pero lo que solicita en definitiva el Contralor es que también se anule el fallo de la Corte de Apelaciones, por lo tanto, la decisión del Senado es bastante compleja en ese sentido. Ahora nosotros creemos que no puede anularse el fallo de la Corte de Apelaciones y esa es también la misma tesis que sostiene el Presidente de la Corte Suprema, pero, obviamente, estamos en tierras bastante desconocidas tanto para nuestras normas como para quienes estamos participando de este proceso tanto en la Comisión como en las partes del juicio. No existen normas constitucionales muy claras respecto de una contienda de competencia, simplemente, en la Constitución se lee “el Senado resolverá la contienda de competencia” no dice el procedimiento, no dice cómo, no dice en qué calidad lo resolverá, no dice que si es un jurado o es un tribunal, si lo tienen que resolver políticamente o no. No hay nada escrito, entonces, nos encontramos en tierras bastante desconocidas para todos.

¿Y hay precedentes de una situación similar donde esto se haya resuelto?

Existen contiendas de competencia anteriores, la más reciente fue hace 20 años, pero en temas de menor complejidad de lo que se está solicitando hoy. Un caso como este donde además ha participado el Tribunal Constitucional, donde ha participado la Corte Suprema en los alegatos de la contienda es, prácticamente, único. Entiendo que hay algunas contiendas donde se pronuncia el Senado en los años 40, pero esa jurisprudencia no es relevante porque se trata de una constitución distinta la del 25, donde se había señalado que se iban a crear los tribunales contenciosos administrativos, que son los que deberían ser llamados a resolver esto, pero esos tribunales jamás se crearon.

Que andemos por tierras tan desconocidas vuelve las cosas aún más complejas. En ese sentido, ¿qué perspectivas le ves a la resolución de la contienda en el caso que no sea favorable a la ANFDGAC?

El tema es tan complejo que la resolución ni siquiera es binaria. Nosotros nos encontramos con una alternativa que es que el Senado rechace la contienda de competencia que es una situación probable y, en ese caso, el procedimiento continuaría su tramitación normal y la Corte Suprema se pronunciaría sobre la sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones confirmándola o bien dictando una sentencia de reemplazo. Y en esa línea, el resultado podría ser positivo o negativo. Ahora si la contienda de competencia es favorable al Contralor, sin ningún tipo de declaraciones, en ese caso, según lo que dijo el Presidente de la Corte Suprema quedaría firme el fallo de la Corte de Apelaciones y estando firme el fallo de la Corte de Apelaciones los 1.300 funcionarios quedarían en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Y la tercera alternativa es que el Senado falle la contienda de competencia, establezca que los tribunales no tienen competencia y anule el fallo de la Corte de Apelaciones, y si anula el fallo de la Corte de Apelaciones, simplemente, se anula todo el juicio y en ese caso, también hay dos posibilidades: una, que la Corte Suprema se allane a lo resuelto por el Senado y la segunda alternativa, es que la Corte Suprema no se allane a lo establecido por el Senado y solo obedezca la parte respecto de la contienda y deje firme el fallo de la Corte de Apelaciones y en esa situación la Corte Suprema desobedecería la resolución del Senado y eso tampoco tiene resolución en ningún lado, la Constitución nada dice de una situación como esa. Algunos de los órganos estarían, necesariamente, extrapolando sus funciones y no hay quien lo pueda determinar.

Hay que recordar que todo esto es a partir de la primera demanda. ¿Y la segunda demanda en qué pie está?

Estamos en una etapa en que tenemos que afinar el listado de las personas de la segunda demanda y se van a incorporar algunas rezagadas en una tercera demanda. Ahora bien tampoco hemos querido presentar la demanda al Contralor porque de alguna forma podría perjudicar la decisión de la comisión respecto de la primera demanda porque estaríamos reconociendo competencia al Contralor y nos estaríamos contradiciendo con lo que nosotros estamos alegando al Senado. Entonces ambas causas son distintas: tienen tramitaciones distintas, tienen soluciones distintas en este momento.

En resumidas cuentas, estamos a la espera de la resolución de la contienda que sería esta semana.  

Es decir, esta semana se daría el informe de la Comisión de Constitución y ese informe debe ser aprobado o rechazado por el Senado, y ni siquiera con un informe favorable o desfavorable sería  fácil pronosticar cuáles van a ser los resultados en el Senado porque los equilibrios políticos son distintos en la Comisión que en el Senado y a pesar de querer resolver como tribunal son un órgano, esencialmente, político compuesto por políticos, lo cual implica que sus decisiones no solo tienen que ver con lo que es la normativa sino que también con sus propias conveniencias jurídicas, con sus propias conveniencias políticas. Entonces, ahí es donde uno debería pensar que si hay muchos parlamentarios que han expresado su opinión contraria al sistema de capitalización individual, entonces también les resultaría complejo el resolver una contienda de competencia en el sentido de decirles a los funcionarios que les corresponde el sistema de capitalización individual que han criticado severamente. De modo que ni siquiera con el informe que saldrá la próxima semana podremos tener claridad en cuanto a cuál va a ser el pronunciamiento del Senado. El resultado es, absolutamente, incierto.