Para nosotros es una medida apresurada. Hay un sumario en curso», dijo el presidente de la asociación, José Pérez, quien pidió que se exijan explicaciones a las empresas que operan en el recinto.

SANTIAGO.- Como una decisión «apresurada» calificó José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC), la remoción del jefe de seguridad del Aeropuerto de Santiago, Rolando Alegría, tras el histórico robo de 6 mil millones de pesos ocurrido ayer.

«Para nosotros es una medida apresurada. Si bien está dentro de las facultades de la autoridad política de la DGAC, nuestra apreciación es esa, en virtud de que hay en desarrollo un sumario. Para nuestra gente resulta como un chivo expiatorio. Alguien tiene que caer en este tema», sostuvo el dirigente.

Pérez agregó que Alegría estaba en el cargo desde mediados de la década pasada, que fue miembro de la FACH y que ahora desconocen quién lo seguirá en el cargo.

El dirigente también dijo que como funcionarios están dispuestos a colaborar con la investigación sumaria que el Ministerio de Defensa ordenó al organismo aeronáutico, el cual debe estar listo la próxima semana.

Pero también llamó a las autoridades a exigir «una explicación a las empresas privadas, a la concesionaria del aeropuerto, porque ahí también hay un factor bastante débil y de hecho quedó demostrado con el delito de ayer».

Pérez acudió hoy al ministerio para hacer una férrea defensa del actuar de sus colegas, sobre quienes pesan las principales críticas, debido a que la DGAC que tiene jurisdicción absoluta en el recinto aéreo.

En la ocasión, el dirigente explicó que los sectores por los que entraron y salieron los delincuentes con el millonario botín, tienen resguardo de una empresa privada.

Asimismo, sostuvo que en el área donde se produjo el atraco debía haber contado con la presencia de Carabineros, quienes debieron haber sido avisados por Brink’s y que incluso desconocen por donde entró el camión de valores de la entidad, porque no hubo coordinación alguna.

«Nuestra gente cumplió con todos los protocolos de seguridad. No hubo una coordinación previa. Hay debilidades en el rol fiscalizador nuestro», aseguró.